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Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 23 de marzo
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Reglamento de Estrategia Iberoamericana
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En los últimos años se están realizando importantes esfuerzos en el ámbito internacional y europeo para establecer estrategias comunes dirigidas a mejorar la situación en materia de Seguridad y Salud. En particular, la Unión Europea ha publicado recientemente la II Estrategia Europea sobre Seguridad y Salud 2007-2013, y en 2006 la OIT dio a conocer el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tanto en un caso como en otro, los objetivos finales de estas Instituciones confluyen en la mejora sustancial de las condiciones de trabajo.
El derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud son derechos consustanciales a la prevención de riesgos laborales, y su protección y promoción determinan un objetivo de primer orden para los Gobiernos, los Interlocutores Sociales y la sociedad en su conjunto.
En este contexto, las políticas públicas de Seguridad y Salud constituyen un frente esencial para articular respuestas que coadyuven al aumento del bienestar en el trabajo. El coste social, humano y económico de la siniestralidad del continente es inaceptable, pues cada año pierden la vida 39.000 seres humanos en los más de 30 millones de accidentes de trabajo que ocurren en la Región.
Por ello, las iniciativas que provengan de forma consensuada de los actores implicados en la prevención y protección de los riesgos profesionales deben tomarse al menos con esperanza y, si se programan indicadores objetivos que permitan visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, ayudará a generar compromisos políticos que desemboquen en la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en la Región.
Entre los objetivos prioritarios suscritos en la Declaración de la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Montevideo de 2006, se encuentran el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como la voluntad de seguir luchando contra la desigualdad, el hambre y la pobreza, o cualquier otro factor que pueda comprometer la democracia y limitar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos; para cuya progresiva superación se requiere la ejecución de políticas públicas de promoción del desarrollo económico con inclusión social y la generación de trabajo decente, entendido éste como aquella ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad, estabilidad y respeto a la dignidad humana.
Por su parte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social inició en 2006, dentro de su planificación bienal de actividades, una línea de trabajo estable dedicada al impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo, fruto de la cual se ha puesto en marcha la celebración de Foros periódicos de análisis, reflexión y debate en torno a los principales problemas que registra Iberoamérica en este ámbito, celebrándose dos ediciones del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en América Latina, Prevencia. En su primera edición, celebrada en Buenos Aires (Argentina) en 2006, se obtuvieron significativas conclusiones y propuestas de actuación respecto de los colectivos y sectores más desfavorecidos, y se consensuó la “Declaración Iberoamericana sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo”.
En la II Edición, celebrada en Cádiz (España) en 2007, los Ministros y Máximos Responsables Iberoamericanos de Seguridad y Salud en el Trabajo, reunidos en el seno del Congreso, encargaron a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social el desarrollo de un documento Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, consensuado entre todos los agentes que intervienen en la materia, y en el que se recogieran líneas de trabajo posibilistas y coherentes con la singularidad de la Región. Además, en sesión plenaria se aprobó unánimemente la Declaración de Cádiz 2007, que encomendó a la OISS la construcción de un Observatorio de Siniestralidad Laboral
en Iberoamérica, que incorpore no sólo las estadísticas sobre empleo formal, sino los estudios de impacto sobre la población del sector informal. Otras encomiendas incluidas en la Declaración fueron la prestación de asistencia técnica a los órganos gubernamentales competentes en la materia, o el desarrollo de contenidos mínimos de información en estos registros, así como de criterios de aplicación, en orden a servir de referente de homogeneización para favorecer el análisis comparado de la siniestralidad.
El presente documento de la Estrategia, ha sido refrendado en la III edición del Congreso, celebrada entre los días 1 y 3 de abril de 2009 en Santiago de Chile, según consta en la Declaración de PREVENCIA 2009. En este documento final se han incluido los comentarios y observaciones recibidas de las Instituciones y Agentes Preventivos de lberoamerica, tras un proceso de consulta que se inició en abril de 2008.

En etapas o situaciones difíciles, como los que actualmente enfrenta la economía mundial, y por tanto también la Iberoamericana, pudiera parecer que no es el mejor momento para desarrollar una Estrategia de Seguridad y Salud. Frente a esta situación, instrumentos como las Estrategias o los Planes de Acción se convierten en indispensables a la hora de equilibrar estos efectos negativos, dado que establecen las bases de desarrollo y actuación de las políticas públicas frente a situaciones límite como la destrucción de empleo, el aumento del desempleo, la acumulación de trabajadores en el sector informal, la falta de inversión en prevención parte de las empresas y, en general, el aumento del déficit de protección social. Este tipo de situaciones ponen en riesgo el propio bienestar de los trabajadores, y es frente a ellas donde deben actuar las Administraciones y sus políticas públicas, tratando de resolverlas. Ahí es precisamente donde la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud cobra su importancia real.
El documento que ahora se presenta, pretende cumplir con los objetivos mencionados en la presente situación económica, y tiene como base el consenso y participación de todos los agentes implicados, Gobiernos y Administraciones Públicas, Trabajadores, Empresarios, Instituciones y Organismos preventivos.

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