El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país.
Torge Löding (Voces Nuestras) / San José (Costa Rica)
Lunes 26 de julio de 2010. Número 131
“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor . Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).
REPRESIÓN. Detenciones durante las protestas el 10 de julio contra la Ley 30 que elimina el derecho a la huelga.La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho a reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.
Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.
Seis muertos en las protestas
Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.
Sin oposición parlamentaria
Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso, intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.
Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso, los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.
PANAMÁ
Cada vez más personas en situación de pobreza
En los últimos 15 años las 100 familias de la oligarquía panameña han vendido casi todo lo que les pertenecía (o lo que no les pertenecía): la compañía aérea nacional, las empresas de energía, telecomunicaciones, carreteras y puertos. Además, la aplicación de las políticas neoliberales ha tenido un impacto profundo en la sociedad. Más de un 37%de la población vive en condiciones de extrema pobreza, que en el área rural es casi de un 90%. El 46% de los empleados trabajan en el sector informal y el 25% de la población está desempleada.
NEOCOLONIALISMO EN LA ZONA
MILITARIZACIÓN
Costa Rica aprueba recibir en su territorio 7.000 marines
El Gobierno de Costa Rica ha aceptado el envío a su país de 7.000 marines, 200 helicópteros y 46 buques de guerra de EE UU. Costa Rica, que no cuenta con ejército, recibirá este contingente militar, con la excusa de combatir el narcotráfico. La coalición gobernante, representada por Laura Chinchilla, del Partido de Liberación Nacional, ha declarado que los marines no estarán sujetos a las leyes del país. La Asociación Nacional de Empleados Públicos señala que este contingente supone una invasión. Por su parte, el Partido de Acción Ciudadana (PAC) señala que este contingente es propio de una guerra y que se enmarca dentro de la agenda del Plan Colombia, con el objetivo de amenazar a países como Venezuela y otros no afines a EE UU. Este partido señala también que desde la firma del Tratado de Libre Comercio, durante el mandato de Óscar Arias, el territorio de Costa Rica se está utilizando como una base militar a favor de los intereses comerciales de Estados Unidos.
La Sala Constitucional resolvió el miércoles con lugar dos recursos de amparo presentados por sindicalistas de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente del Atlántico (Japdeva), que objetaron el nombramiento en enero pasado de una nueva junta directiva del sindicato y los acuerdos tomados por ésta en favor de la concesión de los muelles.
